Por: Dr. Daniel Andrés Guifarro Rivera
Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Pandemia. Crisis económica mundial. Estas son algunas de las tendencias sobre la actualidad del mundo entero, pero, ¿dónde está parada Honduras y su sistema de salud ante esta catástrofe médica? Comenzaré recapitulando sobre la estructura de nuestro sistema de salud, resumiendo como está constituido el sector público y privado, y finalmente detallando el rol que puede jugar la medicina privada en esta epidemia.
El sistema de salud hondureño se caracteriza por la polaridad, en la cual se encajan dos ofertas de servicios que parecieran antagónicos, pero en realidad son complementarios. Por un lado tenemos el sistema de salud pública brindado por el Estado como derecho humano universal, cuyo presupuesto se origina de la bolsa del hondureño que tributa como deber social. Sistema caracterizado por las carencias que dejan en evidencia que la salud del hondureño nunca se ha considerado como prioridad social, donde prevalece el desabastecimiento continuo y la "mano de obra barata" constituida por médicos internos, sociales y residentes quienes son el pilar fundamental que sostiene el sistema, y que en muchas ocasiones no cuentan con los recursos básicos para ejercer su profesión y garantizar su seguridad. Un modelo de salud que ha intentado evolucionar con el tiempo, enfocándose actualmente en el modelo de atención primaria en salud, con unidades de atención primaria en salud (UAPS) en rincones remotos del territorio nacional, muchos en los cuales solamente encontramos auxiliares de enfermería y médicos en servicio social brindando las atenciones a dicha comunidad; además están los centros integrales de salud (CIS) con una oferta de servicios más amplia, algunos incluso con oferta de las especialidades básicas, y por último los hospitales de 1er, 2do, 3er y 4to nivel esparcidos por algunas de las principales ciudades del país que se encargan del manejo de los casos de mayor complejidad que se presentan en el sistema. Dicho modelo se hace ver interesante en papel, pero deja mucho que desear en la práctica.
Además, en un modelo semiprivado, contamos con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que, desde 1959 forma parte del sistema de salud, pertenece al estado de Honduras, pero es una entidad autónoma. Está orientado hacia el sector de la población que cuenta con un empleo, en el cual la aportación a la institución es compartida por medio del empleador y el colaborador, sistema que incluye a los miembros del núcleo familiar con algunas restricciones. El IHSS se encarga de la atención de sus afiliados a nivel nacional, contando con diversos establecimientos propios de la institución localizados en diferentes ciudades, y con subrogación de servicios a instituciones privadas en las ciudades en las que no los tienen. Un hondureño que cuenta con seguridad social no debería ser atendido en las instituciones completamente públicas, ya que están destinadas a los compatriotas que no cuentan con afiliación a la seguridad social. Dicha institución se ha visto debilitada en el pasado reciente por diferentes actos de corrupción en los que se han saqueado los recursos que aportan los afiliados con sus empleadores, recursos que pudieron haber sido destinados al fortalecimiento de la atención con mejoría de los recursos, establecimientos y contratación de mayor personal.
Las instituciones de salud son dirigidas por la Secretaría de Salud (SESAL), quien a su vez se dispone en diferentes regiones a nivel nacional que se encargan del manejo y supervisión de los establecimientos bajo su mando. La atención en dichos establecimientos se debe regir según los lineamientos, normas y protocolos nacionales de atención a los diferentes grupos y enfermedades; protocolos dentro de los cuales se agregaron recientemente los "Lineamientos para la vigilancia epidemiológica, manejo, control y prevención de Covid-19". El desabastecimiento de insumos, medicamentos, falta de personal médico contratado y un mal servicio al cliente hacen que el hondureño tenga que acudir nuevamente a su bolsa para financiar su atención médica en las instituciones privadas. En el sector privado el hondureño se encuentra con una "jungla" que varía entre los médicos e instituciones de salud que de forma honesta intentamos ganarnos la vida por medio de ejercer la medicina como profesión, hasta las instituciones privadas malintencionadas que ven en la medicina el mejor negocio del siglo XXI. Clínicas de atención primaria, clínicas atención médica ambulatoria, consultorios médicos privados, hospitales, farmacias, aseguradoras, tiendas de equipo médico, droguerías y un sinnúmero de ofertas más constituyen el sistema de salud privado. El hondureño tiene la opción de financiar directamente cada atención recibida y/o procedimiento realizado, o comprar una póliza de seguro de gastos médicos, en la cual el asegurado paga para que la aseguradora cubra los gastos médicos según las condiciones de póliza negociadas.
Hasta la fecha, ninguna institución privada está autorizada para diagnosticar y/o tratar a los pacientes de COVID-19, a pesar de que hay clínicas y hospitales que ya cuentan con sus protocolos internos de atención a dichos pacientes, regidos por los lineamientos nacionales. Además, existen algunos laboratorios clínicos privados que cuentan con la capacidad de obtener pruebas diagnósticas para realizar a un mayor número de personas, sin embargo, no han sido autorizadas por la SESAL. Por lo anterior, las instituciones privadas se ven en este momento con las manos atadas en la posibilidad de participar en la atención de pacientes ante dicha epidemia. ¿Debería la Secretaría de Salud ser el juez y la única parte en el manejo de la epidemia a nivel nacional? ¿Qué hará el sistema público de salud cuando la demanda de atenciones médicas por casos sospechosos de COVID-19 sobrepase la oferta de atención? ¿Qué pasará con las personas que, pese a necesitar la atención, no deseen asistir a los centros de salud ni a las clínicas del seguro social? Debería plantearse una sinergia entre las acciones a nivel público y privado para que en conjunto brinden una mayor calidad de atención al paciente hondureño. El Gobierno y la Secretaría de Salud deben asesorarse de los epidemiólogos y clínicos de mayor experiencia en el tema para la ejecución técnica del manejo de la crisis. En el caso de aprobar el diagnóstico del COVID-19 en las instituciones privadas, las aseguradoras se deben pronunciar acerca de la cobertura de los gastos en los que se incurra; además debe existir un ente regulador externo (como la Comisión Nacional de Banca y Seguros en conjunto con la SESAL) de los precios de los insumos, atenciones médicas y pruebas diagnósticas para evitar el aprovechamiento que se ha dado a costa de la necesidad durante la crisis.
El colapso del sistema público ante dicha pandemia es cuestión de tiempo, el número de casos confirmados de COVID-19 dependerá siempre de la cantidad de pruebas que se realicen. La carencia de suficientes pruebas al nivel público puede representar un aplanamiento en la curva de pacientes confirmados, ya que no estamos diagnosticando a muchos pacientes con cuadros leves y a los portadores asintomáticos. La cantidad de camas de hospitalización disponibles, unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos en el sistema público de salud serán insuficientes. El sector privado puede ser la vía de escape que tienda la mano al sector público para aumentar la oferta de atención médica a la población, la captación de pacientes, el tratamiento y seguimiento de estos. Se debe asegurar el trabajo en conjunto de las instituciones privadas con las unidades de vigilancia epidemiológica de la SESAL, de forma en que la recopilación de casos y cercos epidemiológicos puedan ser llevados a cabo sin problema. Igualmente, se deben regular los costos de las atenciones para evitar el aprovechamiento económico de las instituciones privadas ante esta crisis, apegándose a los lineamientos establecidos por los entes reguladores.
La presente epidemia no ha venido a derrumbar y despedazar nuestro sistema de salud, sino que ha puesto en evidencia las carencias y debilidades del sistema que los médicos hemos expresado por años, las exigencias para mejorar nuestro sistema de salud han sido ignoradas por el estado y por el mismo pueblo hondureño. Mientras tanto los hondureños siguen en cuarentena indefinida y las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a una recesión económica inminente que, aún con las medidas económicas que se han tomado, sufrirán un retroceso económico representativo de años. Nuestros médicos especialistas, residentes, sociales e internos, dentro del sector público, se encuentran brindando atención en los diferentes centros del país sin contar con los insumos de bioseguridad necesarios para asegurar la protección de ellos mismos y de sus pacientes. Las instituciones que se dedican a la venta de productos médicos e insumos continúan aprovechándose de la necesidad del pueblo, buscando que esta epidemia les produzca el ingreso más representativo de los últimos años. En este momento debemos olvidarnos de partidos políticos, colores, divisiones y demás, y actuar todos en conjunto ya que es la única forma en la que lograremos superar esta catástrofe. El servicio de salud hondureño en general debe llegar a un consenso público-privado para que prevalezca solamente un elemento sobre todos los demás, la salud del pueblo hondureño.