Redactado por: Aracely Barbosa
En las últimas semanas México ha sido el centro de atención por una serie de medidas controversiales que han sacudido al país entero. No solamente el gobierno va a apostar por continuar con la militarización de la seguridad pública, sino que le otorgará más poder a las Fuerzas Armadas, siguiendo con la desaparición de los organismos autónomos y una reforma judicial que pone en riesgo el futuro de la justicia imparcial y la democracia en México. En el siguiente artículo se detallarán estos procesos y se analizarán los impactos que tendrán en los derechos humanos y las relaciones internacionales del país.
Para entender mejor cómo inició este proceso antidemocrático, tenemos que retroceder a cuando el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, planteó el llamado “Plan C”, poco antes de las elecciones generales que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio. Lo que López Obrador buscaba en estas elecciones, no sólo era que su coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), le diera el triunfo a la candidata Claudia Sheinbaum, sino que lograra obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y así, aprobar el “Plan C”.
¿Qué es el “Plan C”? Es el plan sucesor al “Plan A” y al “Plan B” que fueron propuestos también por López Obrador. En abril de 2022, se presentó el "Plan A" para reformar el sistema electoral, que a grandes rasgos incluía cambiar el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, reducir el número de consejeros, eliminar el financiamiento ordinario a partidos y suprimir legisladores plurinominales, entre otras medidas para abaratar los costos electorales y supuestamente “mejorar la democracia”. La reforma, que proponía modificaciones a 18 artículos constitucionales y 7 transitorios, fue rechazada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2022, llevando a López Obrador a plantear un “Plan B”.
Ante el rechazo de su reforma electoral, López Obrador presentó el "Plan B" el 29 de noviembre de 2022, proponiendo cambios a seis leyes secundarias sin modificar la Constitución. Este plan buscaba reducir los costos de las elecciones y prevenir fraudes mediante la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, entre otras. La iniciativa incluía reducir el aparato administrativo del INE, disminuir el número de oficinas distritales, y permitir más libertades proselitistas a los servidores públicos. Aprobado por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2022 con algunas modificaciones, el "Plan B" fue finalmente aprobado por el Senado el 22 de febrero de 2023, excluyendo una polémica cláusula denominada "vida eterna". Posteriormente, el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las dos partes del "Plan B", que incluían reformas a varias leyes secundarias en materia electoral y de comunicación. Sin embargo, ambos decretos enfrentaron numerosas controversias constitucionales, lo que llevaría el 8 de mayo de 2023, a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la primera parte del "Plan B" inconstitucional, citando violaciones en el proceso legislativo. En respuesta a esta decisión, el presidente López Obrador anunció su "Plan C".
Ante los reveses de la SCJN y la falta de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión que le permitiera modificar la Constitución a favor de sus reformas, Morena y aliados estaban decididos a obtener la mayoría de votos en las elecciones, recurriendo a discursos y prácticas populistas, de igual forma se presume que el INE no contó los votos de las elecciones de forma neutral, ya que la presidenta del órgano electoral Guadalupe Taddei es cercana a López Obrador y en numerosas casillas alrededor del país se reportó que no coincidían los resultados de sus actas con las que se publicaron en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Aún con anomalías, los resultados preliminares del INE le dieron a la coalición de Morena el triunfo con el 59.35% de votos.
Agregando a esto, el gobierno oficialista de manera irregular logró una sobrerrepresentación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que concedió la "supermayoría" a Morena, el PT y el PVEM en la Cámara de Diputados. Según la aprobación del INE, Morena y sus aliados obtuvieron 236 diputados, suficientes para alcanzar una mayoría calificada (dos tercios) y efectuar modificaciones a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Pero hasta este momento, en la Cámara de Senadores, Morena no contaba con mayoría calificada, ya que necesitaba 86 votos de 128. Esto no fue un impedimento para Morena, al poco tiempo dos senadores del Partido de la Revolución Democrática, José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, se unieron a ellos.
En las votaciones para la reforma judicial, lograron aprobarla con dos terceras partes de votos a favor. Pero, ¿cómo? si a Morena todavía le faltaba un voto a pesar de los senadores que se sumaron a su coalición, ¿no? Pues tuvieron que recurrir a la extorsión del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez. Los 43 senadores de oposición habían anunciado que votarían en contra de la reforma, pero en redes sociales no tardó en desatarse la noticia de que tras solicitar licencia a la mesa directiva del Senado de la República, Yunes Márquez regresaría para participar en la sesión dedicada a la discusión y votación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Durante la sesión, a pesar de la postura de su bancada, anunció que apoyaría el proyecto de López Obrador. Con su voto a favor, la cámara de senadores aprobó la reforma.
Ante este contexto, se realizaron una serie de protestas por parte de estudiantes, jóvenes, trabajadores del Poder Judicial, e incluso ministros de la SCJN no afiliados al gobierno oficialista. Las protestas llegaron a su punto más estremecedor cuando los manifestantes irrumpieron el Senado mientras los legisladores debatían la reforma. Los manifestantes ingresaron al Senado con el fin de bloquear la votación por considerar que los legisladores no estaban escuchando sus demandas. Ingresaron ondeando banderas de México y pancartas en contra de la reforma, incluso algunos senadores de la oposición se les sumaron mientras gritaban consignas. Solamente se suspendió el debate unas horas, al reanudarse se aprobó la reforma.
Algunos puntos alarmantes de esta reforma judicial son: la elección de jueces por voto popular, la figura de jueces sin rostro y la eliminación de requisitos para ser juez, ministro y magistrado. En este último, entre los planteamientos se encuentra eliminar el requisito de tener 35 años edad para aspirar a ser magistrado de circuito o juez de distrito, se propone que todos los aspirantes hayan obtenido un promedio mínimo de 8 en la licenciatura de derecho, de igual forma, se retirará el requisito de tener una carrera judicial y de aprobar los exámenes estipulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Sobre todo, la elección popular de jueces es contradictoria con las prácticas de una democracia sólida, la razón por la cual no deben estar sujetos a la elección popular es porque es inevitable no estar bajo presiones de intereses de los grupos que los llevan a ese poder. En pocas palabras, la politización de la justicia se presta a mayor corrupción.
De la mano con esto, la práctica de los jueces sin rostro ha sido rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el pasado, debido a que no garantiza un juicio justo, transparente y público. Esta práctica busca proteger la identidad de los jueces que manejan casos de crimen organizado, con el fin de resguardar su seguridad y la de sus familias frente a posibles represalias, lo que en teoría debería asegurar decisiones imparciales. Sin embargo, esto también conlleva riesgos, ya que al no conocer la identidad del juez, los acusados no pueden evaluar la idoneidad del mismo ni posibles conflictos de interés, vulnerando las garantías procesales.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por la reciente propuesta de reforma constitucional del Poder Judicial, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos en el acceso a la justicia, la independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho. Agregando a que expertos, estudiantes de las principales facultades de derecho en el país y activistas de organizaciones civiles han advertido de estos riesgos, también los principales socios comerciales de México: Estados Unidos y Canadá han señalado que esta reforma significará un alarmante retroceso democrático. La reforma también ha comenzado a ahuyentar a la inversión extranjera directa, y de romper relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, se espera una crisis económica y financiera en México. Tan sólo algunas empresas estadounidenses en México frenaron sus anuncios de inversión para el país ante el riesgo de las implicaciones de la reforma para elegir jueces por voto popular y suprimir órganos autónomos.
Larry Rubín, presidente de la American Society of México (Amsoc), decidió no anunciar la inversión americana programada porque se encuentran analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial. Rubín pidió al Congreso mexicano a analizar con mayor cuidado la legislación de estas reformas, por los posibles daños que podría provocar a la relación bilateral con Estados Unidos y las repercusiones económicas que podría traer para México. Rubín y el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, coinciden en apoyar una reforma judicial pero expresan su preocupación por mantener la propuesta de elección de juzgadores por voto popular.
Próximamente se llevará a cabo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siendo un momento crucial en la relación bilateral con EE.UU. Por eso la opinión del principal inversionista en México ha sido un punto de partida para analizar el futuro del comercio y la economía del país. Hasta el intento de eliminar ciertos órganos autónomos podría dar lugar a conflictos comerciales que impactarían negativamente en ambas economías y en la confianza mutua que se ha desarrollado.
Siguiendo esta misma línea, la reforma que busca la desaparición de los organismos autónomos significará que éstos ahora serán controlados por el gobierno, dando lugar a más abusos de poder y menor equilibrio en las instituciones públicas.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aprobado un dictamen que propone la reforma de 14 artículos de la Constitución, con la cual se eliminarían siete órganos autónomos que actualmente supervisan áreas como competencia, telecomunicaciones, transparencia, energía, educación y política social. Además, esta cuestión es una de las prioridades del proyecto de gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En el documento “100 pasos para la transformación” presentado por Sheinbaum, señaló que se eliminarán los siguientes órganos autónomos: La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Sólo para comprender la importancia de estos órganos, mencionaré brevemente las tareas de algunos de ellos: La Cofece investiga y sanciona prácticas anticompetitivas, como monopolios y concentraciones de mercado; el IFT regula y supervisa las telecomunicaciones y la radiodifusión, incluyendo internet y banda ancha; y el INAI asegura el acceso a la información pública y protege los datos personales.
También está en camino una reforma militar que transformará a la Guardia Nacional (GN), la cual originalmente se había prometido como una fuerza civil, pero pasará a formar parte de las Fuerzas Armadas Permanentes, junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Dado que el ejército ha sido responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos, darle más poder podría perjudicar la defensa de los derechos y la justicia en dichos casos cometidos por militares. Con esta reforma, la GN se convertirá en una institución militar con fuero militar, enfocada en la seguridad pública y con formación policial, lo que implica que México no tendrá una policía civil a nivel federal.
Además, la propuesta de reforma será controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien recibirá los recursos de la GN, incluyendo miles de plazas y millones de pesos. La reforma también busca que el Ejército, la Fuerza Aérea y Armada puedan intervenir en la seguridad pública de forma permanente. Se supone que hasta ahora esas tareas eran de carácter excepcional.
Como se mencionó anteriormente, la militarización de la seguridad pública ha llevado a un aumento de denuncias por violaciones a derechos humanos, principalmente porque las fuerzas armadas son las autoridades que recurren a la tortura al detener a civiles. Hasta el momento esta estrategia no ha disminuido la violencia en el país y se espera que aumente aún más al profundizar la militarización.
Claudia Sheinbaum tomará protesta el 1 de octubre de este año y su gobierno plantea la continuidad de la administración de López Obrador. Hasta ahora se ha expresado estar a favor de las reformas del presidente en turno y las ha promovido. Hay quienes consideran que al tomar posesión su gobierno será más moderado que el de su antecesor, pero sus acciones indican lo contrario.
No cabe duda que México necesitaba una transformación en su sistema, por supuesto que era necesaria una reforma judicial para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, el Estado ha sido cómplice y autor de graves violaciones a los derechos humanos por décadas, pero la reforma que plantea el gobierno de Morena no era la que necesitaba la población. Esta reforma no va a terminar con la corrupción, va a empeorarla.
Esta reforma fuera de beneficiar al pueblo, beneficiará solamente a la élite política y al crimen organizado que opera de manera impune en el territorio mexicano. Para los sectores más vulnerables, el acceso a la justicia ahora será imposible de alcanzar ante políticos que jugarán el rol de “jueces”. Agregando a este panorama, la militarización de la seguridad pública incrementará los índices de violencia y las violaciones a derechos humanos, por eso diversas ONG´s han exigido al gobierno retirar a los militares de las calles.
Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es la fórmula ideal para encaminar al país hacia una dictadura, organismos autónomos que pasan a ser controlados por el gobierno, un Poder Judicial al mando de los políticos y un ejército fortalecido. Hay quienes creen que la democracia en México no va a desaparecer como algunos analistas lo planteamos, estos argumentos puede que vengan de una negación a aceptar la realidad, porque ante los hechos no podemos desestimar que el deterioro democrático y económico en los próximos años serán lamentables en el país.
Todavía la SCJN puede declarar inconstitucional la reforma judicial, pero como ciudadanos no podemos bajar la guardia y debemos seguir presionando al gobierno a favor de un Poder Judicial independiente. El único aliento que queda en este país son las voces de los jóvenes, académicos y defensores de los derechos humanos que han unido fuerzas para denunciar las medidas autoritarias que quiere implementar López Obrador. Los que hemos hecho de la defensa de los derechos humanos nuestra causa de vida y que hemos utilizado nuestra profesión para construir un México mejor, exigimos a este gobierno fatídico el respeto al Estado de Derecho, la división de poderes y la democracia.
FUENTES CONSULTADAS
Fuentes consultadas:
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